OK, continuamos con el tema que comentábamos ayer.
Como dijimos entonces, el principal problema de las infracciones penales cometidas a través de Internet es que la Red resulta muy mutable, tiene naturaleza transfronteriza y es tecnológicamente compleja. Y es que Internet posibilita el desarrollo de conductas delictivas en cualquier parte del mundo (y por nacionales que no son de ese Estado), causando efectos lesivos o poniendo en peligro bienes jurídicos situados en cualquier punto del mundo en el que exista un acceso a Internet.
También dijimos que a la hora de fijar dónde se ha cometido este tipo de delitos, puede valorarse dónde se realizó la acción típica (creación/dispersión del virus) o dónde se ha producido el resultado de la misma (las decenas de países “dañados” por el virus). Pero elegir sólo una de las opciones podría suponer un vacío legal importante.
Muy bien, pero existe una tercera posibilidad, aquellos estados desde los que se puede acceder al delito pero no han sido dañados por el virus ni son el lugar donde la acción delictiva se ha producido. Resumiendo mucho, para que esta vía sea contemplada es necesario tener en consideración el resultado que produce el delito, pero también su efecto (lo que se llama el desvalor del resultado). De esta forma, sería también posible determinar el territorio de comisión de un delito por referencia al lugar desde el que es accesible.
Ahora bien, esta tercera vía es mucho más peligrosa que las otras dos (aunque tiene una ventaja que luego comentaré). Veamos porqué mediante un ejemplo.
Yo, ciudadano de a pie, tengo una página web en la que trato el tema de la libertad religiosa y/o la igualdad de sexos. Esa página está disponible en varios idiomas, la actualizo con documentos y en ella es posible dejar comentarios de los artículos. Un verano cualquiera, resulta que decido ir, inocentemente, de vacaciones a un país en el que el contenido de mi web (los documentos, opiniones, etc.) se considera como un acto criminal. Y como su legislación establece que el contenido de esa web es un delito y la página es accesible a los ciudadanos de ese país, yo soy detenido y acusado formalmente de ese delito.
Admito que el ejemplo puede parecer un poco exagerado, pero por desgracia ha ocurrido en más de una ocasión. Pues bien, ésta sería una primera desventaja ocasionada por la determinación del delito por referencia al lugar desde el que es accesible.
Otra desventaja, al ser entendido el resultado en sentido muy amplio, algo llamado el principio de competencia territorial queda falseado, de forma que de él sólo quedaría el nombre. Y es que a efectos prácticos cualquier tribunal de cualquier Estado desde el que resultaran accesibles los contenidos ilícitos se podría entender competente para conocer de los hechos.
Entonces, ¿alguna ventaja para esta opción? Personalmente sólo aprecio una y es que, en apariencia, se estaría contribuyendo a una mayor seguridad. Por ejemplo, yo, nacional de Taiwán, creo un peligroso virus que extiendo por la Red. Éste causa importantes daños económicos en Europa y USA. Pero se da el caso que la legislación de Taiwán no castiga mi conducta y además, no permite la extradición de sus nacionales. Pero supongamos que yo un día viajo a Europa, años después de lo del virus, y soy acusado y detenido allí por la difusión del dichoso virus que, en ese concreto Estado europeo, causó daño y, por tanto, desde el que fue accesible el contenido ilícito.
Esta sería la única ventaja de esta opción, pero como hemos comentado (basta ver en el primer ejemplo planteado), la ventaja puede convertirse fácilmente en problema y, además, considerable.
Por tanto, no creo adecuada esta opción por lo dicho y además, porque este tipo de opción podría llegar a generar paraísos digitales de importante calado y creo que ya nos basta, por ahora, con los paraísos fiscales.
Espero que estas dos entradas hayan servido para esclarecer un tema que para nada es sencillo.
Saludos.
Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.
Montesquieu (Escritor y político francés)
Como dijimos entonces, el principal problema de las infracciones penales cometidas a través de Internet es que la Red resulta muy mutable, tiene naturaleza transfronteriza y es tecnológicamente compleja. Y es que Internet posibilita el desarrollo de conductas delictivas en cualquier parte del mundo (y por nacionales que no son de ese Estado), causando efectos lesivos o poniendo en peligro bienes jurídicos situados en cualquier punto del mundo en el que exista un acceso a Internet.
También dijimos que a la hora de fijar dónde se ha cometido este tipo de delitos, puede valorarse dónde se realizó la acción típica (creación/dispersión del virus) o dónde se ha producido el resultado de la misma (las decenas de países “dañados” por el virus). Pero elegir sólo una de las opciones podría suponer un vacío legal importante.
Muy bien, pero existe una tercera posibilidad, aquellos estados desde los que se puede acceder al delito pero no han sido dañados por el virus ni son el lugar donde la acción delictiva se ha producido. Resumiendo mucho, para que esta vía sea contemplada es necesario tener en consideración el resultado que produce el delito, pero también su efecto (lo que se llama el desvalor del resultado). De esta forma, sería también posible determinar el territorio de comisión de un delito por referencia al lugar desde el que es accesible.
Ahora bien, esta tercera vía es mucho más peligrosa que las otras dos (aunque tiene una ventaja que luego comentaré). Veamos porqué mediante un ejemplo.
Yo, ciudadano de a pie, tengo una página web en la que trato el tema de la libertad religiosa y/o la igualdad de sexos. Esa página está disponible en varios idiomas, la actualizo con documentos y en ella es posible dejar comentarios de los artículos. Un verano cualquiera, resulta que decido ir, inocentemente, de vacaciones a un país en el que el contenido de mi web (los documentos, opiniones, etc.) se considera como un acto criminal. Y como su legislación establece que el contenido de esa web es un delito y la página es accesible a los ciudadanos de ese país, yo soy detenido y acusado formalmente de ese delito.
Admito que el ejemplo puede parecer un poco exagerado, pero por desgracia ha ocurrido en más de una ocasión. Pues bien, ésta sería una primera desventaja ocasionada por la determinación del delito por referencia al lugar desde el que es accesible.
Otra desventaja, al ser entendido el resultado en sentido muy amplio, algo llamado el principio de competencia territorial queda falseado, de forma que de él sólo quedaría el nombre. Y es que a efectos prácticos cualquier tribunal de cualquier Estado desde el que resultaran accesibles los contenidos ilícitos se podría entender competente para conocer de los hechos.
Entonces, ¿alguna ventaja para esta opción? Personalmente sólo aprecio una y es que, en apariencia, se estaría contribuyendo a una mayor seguridad. Por ejemplo, yo, nacional de Taiwán, creo un peligroso virus que extiendo por la Red. Éste causa importantes daños económicos en Europa y USA. Pero se da el caso que la legislación de Taiwán no castiga mi conducta y además, no permite la extradición de sus nacionales. Pero supongamos que yo un día viajo a Europa, años después de lo del virus, y soy acusado y detenido allí por la difusión del dichoso virus que, en ese concreto Estado europeo, causó daño y, por tanto, desde el que fue accesible el contenido ilícito.
Esta sería la única ventaja de esta opción, pero como hemos comentado (basta ver en el primer ejemplo planteado), la ventaja puede convertirse fácilmente en problema y, además, considerable.
Por tanto, no creo adecuada esta opción por lo dicho y además, porque este tipo de opción podría llegar a generar paraísos digitales de importante calado y creo que ya nos basta, por ahora, con los paraísos fiscales.
Espero que estas dos entradas hayan servido para esclarecer un tema que para nada es sencillo.
Saludos.
Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.
Montesquieu (Escritor y político francés)
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