viernes, 23 de noviembre de 2007

Hombre de poca FE

Uno de los mayores problemas en relación al llamado consumidor electrónico (el que adquiere bienes/servicios a través de tiendas virtuales) es el de proporcionarle un documento acreditativo de la compra y que ese documento resulte eficaz desde el punto de vista de la prueba. Y es que si bien la digitalización de la información tiene importantes ventajas, acarrea un considerable problema al ser la manipulación de un documento electrónico más fácil, barata y, casi, indetectable que nunca. Pero, ¿de verdad es tan fácil modificar un documento electrónico? Por desgracia sí.

Por ejemplo, un PDF cerrado puede abrirse, y como una sandía, a poco que se busque en la Red. ¿Y un correo encriptado? No resulta mucho más difícil porque en la gran mayoría de los casos la encriptación utilizada no es muy alta, por tanto, nada que un poco de empeño y tiempo libre no puedan solucionar.

Entonces, ¿qué soluciones aplicamos? Las dos que con más fuerza brillan son la firma electrónica y los terceros de confianza.

Muy resumidamente, la firma electrónica es un mecanismo que permite la autenticación de documentos electrónicos. Es decir, que yo soy el que ha enviado ese correo, y nadie más que yo. Mientras tanto, la figura de los terceros de confianza la crea la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para ofrecer mayores garantías al contratar un bien/servicio a través de Internet. Por ejemplo, certificar los términos (productos adquiridos, precio, nº de unidades, hora a la que se realizó la operación, etc.) de un contrato.

Si queremos llevarnos todo el paquete, es decir, certificar los términos contractuales e identificar a las partes, son necesarios ambos mecanismos. A pesar de ello, y a día de hoy, me parece más interesante el mecanismo de los terceros de confianza. ¿Por qué? Porque aunque los terceros de confianza no garantizan todos los datos deseables, sí es un mecanismo que permitiría asegurar un buen número de supuestos de forma sencilla y sin necesidad de una implantación masiva de la firma electrónica. Por ejemplo: a la hora de cumplir un contrato el comerciante dice que el precio era 10 en lugar de 5. El consumidor se niega a pagar 10 porque el precio era 5. De existir un tercero de confianza, se acude al mismo y se verifica que el precio era 5. Por tanto, el comerciante cumple (probablemente tarde, pero cumple) y, con un poco de suerte, sin necesidad de recurrir a juicio o, como mucho, pasando por una Junta Arbitral de Consumo (ya hablaremos algún día de éstas).

El problema es que los terceros de confianza no son obligatorios y no tienen demasiada prensa, a diferencia de la firma electrónica, de la que todo el mundo habla pero que casi nadie tiene. Además, es probable que resultara menos engorroso para el consumidor electrónico “someterse” a esta figura que obtener, hoy por hoy, una firma electrónica. Por no decir que los comerciantes también podrían salir beneficiados.

Por tanto, a día de hoy, prefiero a los terceros de confianza para resolver el problema del documento acreditativo, a sabiendas de que la firma electrónica es necesaria para poder identificar a las partes con absoluta certeza. Es decir, para algunos contratos resultaría imprescindible. De modo que, ¿qué tal si mientras nos preparamos para el 10 – la firma electrónica – vamos a por el 7 o el 8 – terceros de confianza -? Al fin y al cabo, conseguir un 10 siempre es más difícil que obtener un 7.

Pues eso, demasiada FE (o Firma Electrónica) -¿qué pensabais?-, cuando hay otra muy interesante opción.

Saludos.


Nadie prueba la profundidad del río con ambos pies.

(Proverbio)

viernes, 16 de noviembre de 2007

Necesito puntos, muchos puntos

Esta generación de videoconsolas (PS3, Wii y X360), entre otras muchas cosas, nos ha traído las famosas micro-transacciones. Éstas consisten en la adquisición de nuevos niveles, personajes o incluso juegos para así extender la longevidad del videojuego. Estos añadidos por regla general no son gratis pero tienen un coste muy inferior al juego completo (aunque ha habido casos polémicos). Y si bien estas pequeñas transacciones han existido antes (en la primera Xbox varios juegos las ofrecieron) ha sido en esta generación en la que han florecido de una forma absoluta. Pero lo curioso para nosotros es cómo se adquieren esos contenidos.

Mientras que Sony utiliza a día de hoy la correspondiente moneda de curso legal (dólar, euro o yen), aunque tiene planes de introducir las tarjetas de puntos), Microsoft y Nintendo han tirado por otro camino, el de los puntos. Los fabricantes de X360 y Wii decidieron que en lugar de cobrar nuestras micro-transacciones en moneda de curso legal, utilizarían tarjetas de puntos equivalentes a dinero legal, pero no exactamente igual. Por ejemplo, y en el caso de Microsoft, una tarjeta de 400 puntos equivale a algo más de 5 euros, una de 800 a un poco más de 10 euros o una de 1.200 a unos 15 euros. Estos puntos pueden adquirirse a través de tarjeta de crédito, por tanto como simples bits, o en los comercios correspondientes en la forma de una mera tarjeta de plástico.

Muy bien ¿pero qué son estos puntos? ¿Es el dinero de curso legal del que hablamos el Lunes? No, se trata de dinero privado. Es decir, un valor abstracto (por ejemplo, 800 puntos) que se representa en una simple tarjeta de plástico o en bits, que es respaldado por una autoridad (Nintendo o Microsoft) y que es admitido para la realización de intercambios (ya sea en el Bazar de Xbox Live o en la Consola Virtual de Wii).

Por lo tanto, Nintendo y Microsoft han creado dinero privado que se utiliza en los ámbitos dispuestos para ello, ahora mismo muy limitados en comparación a los del dinero de curso legal, pero que pueden desarrollarse de forma muy interesante.

Veamos el caso de Microsoft. Si uno visita la
WEB norteamericana de X360, puede ver como los Puntos Microsoft tienen su propio logo y ya se piensa en utilizarlos más allá de los ámbitos actuales. Por ejemplo, yo usuario hago mapas de Halo 3 muy buenos porque la gente los juega y alaba muchísimo; pues Microsoft ya piensa que en un futuro ese usuario pueda vender esos mapas por puntos obteniendo una compensación por el trabajo que le lleva. Es decir, como el que realiza un trabajo y cobra un sueldo por ello. Probablemente sea ésta una gran cúspide de las micro-transacciones y el contenido creado por usuarios. Lo mejor de todo es que el intercambio de valores (la compensación por mapas en este caso) se haría con dinero que no es de curso legal, sino privado (los puntos de Microsoft).

O lo que es lo mismo, estaríamos presenciando el nacimiento de economías a muy pequeña escala pero que funcionan con una moneda completamente independiente de la legal. Normalmente estos sistemas de dinero privado funcionan de la siguiente manera: yo con papel moneda adquiero puntos (directamente o a través de compras concretas), luego esos puntos los puedo gastar en el catálogo que se me presenta (normalmente compuesto de productos o servicios). Por lo tanto, siempre vamos del papel moneda al dinero privado correspondiente y luego a productos o servicios, pero nunca volvemos al estado original (papel moneda). Pero este esquema se rompe por completo en el supuesto de Second Life comentado la semana pasada (de dinero privado pasamos a dinero de curso legal) o en la hipótesis planteada por Microsoft, y que algún día se producirá (de contenido creado por un usuario pasamos a dinero privado).

En estos dos supuestos no necesitaríamos para nada inicialmente el dinero de curso legal, ya que bastaría con el dinero privado o ni eso, las creaciones surgidas de nuestro talento.

Sé que puede sonar algo a ciencia ficción, pero tanto los usuarios de Wii como los de X360 ya han gastado cientos de millones de puntos, así que este modelo está aquí para quedarse y seguir evolucionando.

Será interesante ver hasta dónde nos lleva.

Saludos.

No logran entender los hombres cuán gran renta constituye la economía.

Marco Tulio Cicerón (Escritor, orador y político romano)

lunes, 12 de noviembre de 2007

Una segunda vida

¿Qué sabemos del dinero electrónico? Pues que consiste en tarjetas de crédito o en el dinero utilizado en transacciones online al comprar en una tienda virtual, pensarán muchos. Pues no, es algo más complejo y casi propio de las películas de ciencia ficción (aunque una de sus modalidades está bastante implantada en nuestra vida diaria).

Aunque antes de entrar en materia hay que saber qué es el dinero. Pues bien, el dinero no es más representar de forma abstracta un valor (independientemente de la valía inherente del papel o metal) respaldado por una autoridad y generalmente admitido para la realización de intercambios. Es decir, un billete de diez euros vale 10 euros, aunque el soporte papel en el que se encuentra cueste céntimos, y puede intercambiarse por otros valores, productos o servicios porque una autoridad, el Banco Central Europeo, lo autoriza y admite.

Pues con el dinero electrónico (en adelante DE) se pretende que ocurra lo mismo, pero en lugar de utilizar un soporte papel, que se utilicen bits. Muy, muy resumidamente diremos que hay dos tipos de DE: 1) los bits que se almacenan en tarjetas inteligentes (por ejemplo, tarjetas monedero o las prepago de las compañías telefónicas); 2) los bits que se almacenan en la memoria de un ordenador; en este caso no existe soporte material alguno, el dinero sólo existe como “mensaje electrónico” que puede viajar por la Red como si en el mundo de The Matrix viviéramos. El que quiera un ejemplo de este dinero
aquí lo tiene.

Las tarjetas inteligentes están relativamente implantadas (todo aquél que utilice un móvil con tarjetas prepago está usando DE). Otra cosa ya es el segundo tipo, que está muy lejos de ser algo usual. Por que sí, existir existe, pero también lo hacen los coches eléctricos y eso no significa que el petróleo esté precisamente en vías de extinción (como auguraban los “expertos” hace años). De acuerdo, ¿pero hay algo más “increíble” que este segundo tipo de DE? Pues sí, y curiosamente surge de un “juego”, Second Life.

Second Life consiste según sus creadores en: “Un mundo en tres dimensiones enteramente construido por sus residentes, que también son sus propietarios. Desde su apertura en 2003 ha crecido de forma explosiva y a día de hoy lo habitan millones de personas”. En esta segunda vida uno puede adquirir el semblante y el carácter que desee. Y tan real es esta nueva vida que hasta tiene una moneda oficial llamada dólares Linden.

Alguien que utilice DE lo que hará es cambiar dinero real por dinero en forma de bits. Luego esos “bits” los utilizará para adquirir los servicios o productos que considere oportunos. Pero en Second Life ocurre lo contrario, uno pueda ganar en su mundo dólares Linden, en principio tan útiles como las monedas de oro que uno pueda recoger jugando a Super Mario Bros, ¡y luego cambiarlos por dólares completamente reales! De hecho existe una herramienta llamada Lindex (sólo puede accederse a ella si uno está registrado) en la que se realiza la conversión de dólares Linden a dólares reales. Decir que el cambio dependerá de la oferta y la demanda, pero según sus creadores éstos son valores bastante estables.

Y el tema va totalmente en serio porque ya hay gente que ha abierto negocios en Second Life para ganar los dólares Linden que luego cambia por dólares reales. Y aunque uno no pueda todavía hacerse rico con este sistema, parece que con algo de empeño y suerte puede sacarse para algo más que una cena.
Evidentemente este tipo de dinero privado, hablaremos de este concepto próximamente, abre un nuevo mundo de posibilidades y problemas, pero eso ya es otra historia.

Saludos.


El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa.

George Bernard Shaw (Escritor irlandés)

viernes, 9 de noviembre de 2007

La Red es vasta e infinita (y 2)

OK, continuamos con el tema que comentábamos ayer.

Como dijimos entonces, el principal problema de las infracciones penales cometidas a través de Internet es que la Red resulta muy mutable, tiene naturaleza transfronteriza y es tecnológicamente compleja. Y es que Internet posibilita el desarrollo de conductas delictivas en cualquier parte del mundo (y por nacionales que no son de ese Estado), causando efectos lesivos o poniendo en peligro bienes jurídicos situados en cualquier punto del mundo en el que exista un acceso a Internet.

También dijimos que a la hora de fijar dónde se ha cometido este tipo de delitos, puede valorarse dónde se realizó la acción típica (creación/dispersión del virus) o dónde se ha producido el resultado de la misma (las decenas de países “dañados” por el virus). Pero elegir sólo una de las opciones podría suponer un vacío legal importante.

Muy bien, pero existe una tercera posibilidad, aquellos estados desde los que se puede acceder al delito pero no han sido dañados por el virus ni son el lugar donde la acción delictiva se ha producido. Resumiendo mucho, para que esta vía sea contemplada es necesario tener en consideración el resultado que produce el delito, pero también su efecto (lo que se llama el desvalor del resultado). De esta forma, sería también posible determinar el territorio de comisión de un delito por referencia al lugar desde el que es accesible.

Ahora bien, esta tercera vía es mucho más peligrosa que las otras dos (aunque tiene una ventaja que luego comentaré). Veamos porqué mediante un ejemplo.

Yo, ciudadano de a pie, tengo una página web en la que trato el tema de la libertad religiosa y/o la igualdad de sexos. Esa página está disponible en varios idiomas, la actualizo con documentos y en ella es posible dejar comentarios de los artículos. Un verano cualquiera, resulta que decido ir, inocentemente, de vacaciones a un país en el que el contenido de mi web (los documentos, opiniones, etc.) se considera como un acto criminal. Y como su legislación establece que el contenido de esa web es un delito y la página es accesible a los ciudadanos de ese país, yo soy detenido y acusado formalmente de ese delito.

Admito que el ejemplo puede parecer un poco exagerado, pero por desgracia ha ocurrido en más de una ocasión. Pues bien, ésta sería una primera desventaja ocasionada por la determinación del delito por referencia al lugar desde el que es accesible.

Otra desventaja, al ser entendido el resultado en sentido muy amplio, algo llamado el principio de competencia territorial queda falseado, de forma que de él sólo quedaría el nombre. Y es que a efectos prácticos cualquier tribunal de cualquier Estado desde el que resultaran accesibles los contenidos ilícitos se podría entender competente para conocer de los hechos.

Entonces, ¿alguna ventaja para esta opción? Personalmente sólo aprecio una y es que, en apariencia, se estaría contribuyendo a una mayor seguridad. Por ejemplo, yo, nacional de Taiwán, creo un peligroso virus que extiendo por la Red. Éste causa importantes daños económicos en Europa y USA. Pero se da el caso que la legislación de Taiwán no castiga mi conducta y además, no permite la extradición de sus nacionales. Pero supongamos que yo un día viajo a Europa, años después de lo del virus, y soy acusado y detenido allí por la difusión del dichoso virus que, en ese concreto Estado europeo, causó daño y, por tanto, desde el que fue accesible el contenido ilícito.

Esta sería la única ventaja de esta opción, pero como hemos comentado (basta ver en el primer ejemplo planteado), la ventaja puede convertirse fácilmente en problema y, además, considerable.

Por tanto, no creo adecuada esta opción por lo dicho y además, porque este tipo de opción podría llegar a generar paraísos digitales de importante calado y creo que ya nos basta, por ahora, con los paraísos fiscales.

Espero que estas dos entradas hayan servido para esclarecer un tema que para nada es sencillo.

Saludos.


Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.

Montesquieu (Escritor y político francés)

jueves, 8 de noviembre de 2007

La Red es vasta e infinita

Soy un hacker tremendamente bueno que reside en un país X pero es nacional de un estado Y. Una concreta mañana me levanto de mal humor, tanto, que decido crear un virus súper destructivo que lanzo a la Red. Ese virus infecta cientos de miles de ordenadores y causa millones de euros en pérdidas. La policía investiga el caso, y aunque soy muy bueno, acaban cogiéndome. Entonces, ¿quién me juzga? Y es que resido en un estado pero soy nacional de otro; el virus ha causado daños en decenas de países que sólo he visto en guías de viaje y para acabar de complicarlo más, mi conducta delictiva (el virus) ha pasado por todavía más países de los que se han visto afectados. Repito la pregunta, ¿quién me juzga?

El ejemplo que acabo de comentar es el típico problema que en Derecho Penal ha provocado la aparición de Internet y la comisión de delitos a través de ella, viéndose afectados montones de estados.

Y es que el principal problema que tienen las infracciones penales cometidas a través de Internet es que la Red resulta muy mutable, tiene naturaleza transfronteriza y es tecnológicamente compleja. Entonces, perseguir y enjuiciar conductas criminales relacionadas con Internet plantea problemas que se derivan de su aterritorialidad y de la mencionada transnacionalidad. Internet hace posible que las conductas puedan desarrollarse en cualquier parte del mundo (y por nacionales que no son de ese Estado), causando efectos lesivos o poniendo en peligro bienes jurídicos (que en este tipo de casos serán normalmente materiales) situados en cualquier punto del mundo en el que exista un acceso a Internet.

Por lo tanto, los problemas a la hora de fijar dónde se han cometido este tipo de delitos son dos:

1) Puede tenerse en consideración el lugar en el que se ha cometido la acción típica (creación/dispersión del virus). Pero también puede valorarse el sitio dónde se ha producido el resultado (las decenas de países afectados por el virus). 2) Si uno sólo tiene en cuenta una de las dos posibilidades comentadas (lugar del resultado o de la acción típica) puede encontrarse con múltiples agujeros legales que hagan imposible castigar al responsable.

Conclusión, y simplificando, los expertos en Derecho y los tribunales utilizan algo llamado la teoría de la ubicuidad. Ésta permite atribuir competencia a los tribunales tanto del lugar de la acción típica como del resultado, siempre que éstos estén separados en el espacio (por ejemplo, acción típica en China, resultado en Francia).

Es decir, no se tiene en consideración el sitio en el que se alojaron los datos o la página web. En su lugar, se prefiere el territorio más "físico", es decir: A) desde dónde se produce la transferencia de datos desde un ordenador de modo que son hechos públicos en una página web; B) o desde dónde se da la orden que permite un acceso ilegal. ¿Problema?, pues que muchas veces se utiliza un modo de ataque en cadena en el que intervienen varias máquinas con funciones diferentes, haciendo más difícil la fijación del lugar.

Entonces, cómo determinar el lugar de comisión del delito cuando éste se produce a través de Internet es, cuanto menos, complejo, sobretodo teniendo en cuenta que la conducta delictiva navega por la propia Red, es decir, por lugares distintos. Eso significa que resultará necesario en estos casos, además de interpretar las normas “imaginativamente” (sin caer en la arbitrariedad), establecer otros criterios distintos de territorialidad (el territorio en el que se cometiera el delito), como puedan ser el lugar de la sede principal de los autores y/o el de la sede de las víctimas o perjudicados. De aplicarse ambos, deberán combinarse adecuadamente.

Como veis el tema no es nada sencillo, siendo lo que aquí se comenta sólo una posibilidad, para nada una solución certera. Entonces, como el tema es complejo, haremos una segunda entrada sobre el tema ampliando algunos aspectos y viendo otros nuevos.

Saludos.


Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.

Sófocles (Poeta trágico griego)

El e-mail como dato personal

Hace unas semanas Google instaba a los gobiernos del mundo a que trabajaran en la unificación de las normas sobre privacidad en Internet. El objetivo es que unos estándares mínimos en Internet y sobre esta materia, permitan “proteger la información de los ciudadanos y la seguridad de las empresas en todo el mundo”, según Peter Fleischer, consejero de privacidad de Google.

Al parecer, tres de cada cuatro países no disponen de ningún tipo de legislación sobre privacidad “online” y las normas del 25% restante son tan dispares que resultan insuficientes para hacer frente al carácter global de Internet.

Y hablando de privacidad, ¿qué consideración tiene un correo electrónico? ¿Es un dato personal que puede identificar a una persona, y por tanto debe ser protegido, o no? Porque hay que tener en cuenta que si algo se considera dato de carácter personal, ése algo debe ser objeto de protección. Protección que varía en función del tipo de dato que se trate (no necesita la misma protección el nombre de una persona que información detallada sobre su salud). Pues bien, como todo en Derecho, la respuesta no resulta blanca o negra.

La Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD) y otras normas (especialmente el Real Decreto 1332/1994) no hacen un listado enorme de lo que se considera dato personal, si no que definen una serie de conceptos que valorados conjuntamente permiten determinar si algo tiene la consideración de dato personal o no. Por ejemplo, se define: 1) qué debe entenderse por el concepto dato de carácter personal; 2) cuándo se entenderá que un dato personal puede identificar a alguien; 3) y qué tratamiento deben tener esos datos personales para ser considerados objeto de protección.

Pues bien, valorando estos elementos, y algunos otros, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) estimó en el
“Informe sobre la dirección de correo electrónico como dato personal” que un correo electrónico se presenta en dos supuestos típicos, y que en ambos casos debe considerarse un dato de carácter personal objeto de protección. Veámoslo un poco más en detalle.

Primer supuesto: el e-mail contiene información acerca de su titular (nombre, apellidos, ambos, empresa en la que trabaja o país de residencia). En este caso el e-mail puede identificar perfectamente al titular, por tanto, debe considerarse dato personal en los términos del artículo 3 a) LOPD. Por ejemplo,
pepe.lopez@endesa.com (por cierto, éste es un mail completamente inventado). Parece bastante obvio que en este caso el correo es un dato de carácter personal ya que nos dice, el nombre, el apellido y dónde trabaja esta persona. OK, nada que objetar.

Segundo supuesto: el e-mail no contiene su nombre, apellidos o lugar de trabajo, pero el correo si aparece referenciado a un dominio concreto, de forma que la identificación del titular es posible, más difícil, pero no imposible. En este segundo supuesto también es considerado el e-mail como un dato de carácter personal. Por ejemplo,
gandalf@hotmail.com (e-mail también inventado). En este caso yo no estoy tan de acuerdo. Según la AEPD, el “estado de la técnica” hace posible que alguien (está hablando de hackers) acceda al servidor del concreto dominio (aquí Hotmail) y consulte la información personal de esa persona. Como ya he dicho, creo que la AEPD va demasiado lejos al creer que ese acceso de un intruso es tan sencillo.

Y aunque si bien no creo que jurídicamente la argumentación sea demasiado buena, proteger a los usuarios de Internet cualquiera que sea su correo y en aras del derecho a la “privacidad” que consagra nuestra Constitución, nunca puede ser malo.

En conclusión, el correo electrónico siempre es un dato de carácter personal, lo que supondrá un concreto grado de protección, de acuerdo a lo dicho por la AEPD.

Saludos.

La persona que pierde su intimidad lo pierde todo.

Milan Kundera (Novelista y ensayista checo)

Presentación

Bueno, he aquí mi segundo mensaje (primero oficial), y qué mejor cosa que presentarse.

Soy un licenciado en Derecho especializado en la rama de Internet (concretamente, Derecho de Internet para la empresa). Aprovechando que hace nada he acabado el Máster que me otorga tal especialización, he creído oportuno abrir este blog con la idea de compartir mis conocimientos en la materia y obligarme a estar al día de lo que ocurre en el mundillo jurídico/tecnológico. Además, así evito especializarme demasiado en una concreta área.

¿De qué se hablará aquí? Pues la idea es comentar, y si se puede esclarecer, muchas cuestiones relacionadas con Internet, el mundo de las tecnologías o los videojuegos pero desde una perspectiva jurídica. Por ejemplo, ¿qué son, jurídicamente hablando, los puntos que tanto Microsoft como Nintendo ponen a disposición de los usuarios para comprar contenido? ¿Es nuestro correo electrónico, eso que a veces tan alegremente cedemos, un dato de carácter personal? ¿Puede convertirse Second Life en algo más que un juego? Y así muchas más.

Que hablemos desde una perspectiva jurídica no implicará que el blog se convierta en un tostón complejo de entender, ya que el plan es hablar de cuestiones jurídicas de una forma lo más accesible posible, aunque sin dejarse por el camino el rigor.

Pues bien, espero que a todas esas mentes curiosas, interesadas en la tecnología y en la significación de las reglas que nos envuelven, lo dicho por este servidor les sirva de ayuda.

Nos vemos.

El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos.

Inmanuel Kant (filósofo alemán)